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Tuxtepec.- Durante el último mes, entre principios de noviembre y diciembre la Policía Municipal de Tuxtepec registró 800 llamadas de auxilio a número de emergencia por violencia familiar, informó el titular de la dependencia, Jesús Alfredo Cuellar Pichardo.
El director de Seguridad Pública municipal explicó que de las llamadas que realiza la ciudadanía al 911 el 30% son por delitos relacionados con el uso de la fuerza física, para atentar contra algún integrante de la misma familia, encabezando la estadística la que se realiza contra mujeres. Lo anterior, detalló, pone a este delito en “foco rojo” en este municipio, el más grande de la región Cuenca de Oaxaca.
Cuellar Pichardo indicó que durante 2022 también se mantuvo como el delito con el mayor número de denuncias en el ámbito municipal, pero recordó que ha aumentado en el último trimestre del año ya que en los primeros tres meses de 2023 únicamente tenían datos de 280 casos atendidos.
Pese a estas cifras, la Policía Municipal de Tuxtepec ve un lado positivo en el incremento de llamadas, entendiendo que se traduce en que las víctimas comienzan a tener más confianza en la corporación y de ahí que aumenten las denuncias.
“Se han aumentado las medidas de protección y los apoyos en las colonias, promoviendo la salud física, también eso ha incrementado la denuncia, ya que las mujeres confían más en la actuación de la policía local, pues durante todo 2022 sólo hubo 709 llamados de emergencia a la línea directa de la policía municipal”, destacó el funcionario de seguridad.
Desde el julio de 2018 el municipio de Tuxtepec fue incluido como uno de los 40 de Oaxaca para los que se decretó la Alerta por Violencia de Género (AVG); sin embargo, fue hasta el 2022 cuando el Ayuntamiento instaló el Consejo Municipal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra Mujeres (PASE).
Pese a ello, en octubre pasado EL UNIVERSAL dio a conocer que Natalia Montero Córdova, titular del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), advertía que el gobierno municipal corría el riesgo de no ser certificado en espacios libres de violencia por falta de presupuesto para que los funcionarios recibieran las capacitaciones en temas de perspectiva de género.
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