Oaxaca de Juárez.— Organizaciones civiles de diferentes entidades del país expusieron casos de persecución política y del uso del aparato judicial contra personas defensoras de derechos humanos y del territorio, con los que afirmaron que “México es un Estado represor“.
Entre ellas estuvieron el colectivo de mujeres en lucha “Haz valer mi libertad” que lucha por la libertad de presos del Estado de México, la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la libertad de presos políticos y revolucionarios del mundo a través de sus bases en Oaxaca y Chiapas, el Comité por la Libertad de Kenia Hernández, defensora amuzga de Guerrero, y el Comité por la libertad de Karla y Magda, activistas de la Ciudad de México.
También estuvieron representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del Estado de México, así como colectivos que luchan por la libertad de los presos políticos de San José Independencia, Tuxtepec, Oaxaca, y el Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO).
Argelia Betanzos expuso el caso de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, comunidad mazateca del estado de Oaxaca.
Foto: Mario Arturo Martínez
En esta población, relató, 40 personas indígenas entre hombres y mujeres de la comunidad fueron acusadas desde el año 2014 de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, entre otros, a través de la fabricación de cargos y pruebas.
“La finalidad de esta represión fue la desarticulación de nuestra organización comunitaria, los acusados de estos delitos son una lista de personas que tenían representación comunitaria, que la tienen hasta el día de hoy, de activistas, de defensores de derechos y del territorio”.
En conferencia de prensa detalló que entre los años 2010 y 2014 surgió un grupo “neocasiquil” articulado desde el gobierno del estado, para que “azotara” todos los intentos de autodeterminación y de ejercicios asamblearios en la comunidad.
Foto: Mario Arturo Martínez
“De esa manera fue elegido Manuel Zepeda Cortés, y su hija Eliza Zepeda Lagunas, que contó con todo el apoyo del aparato estatal”.
Cuando la población, continuó, luchó por sus derechos políticos electorales a través de sus usos y costumbres, y ganó ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, este grupo “azotó con represiones hasta llegar a la tortura”. Afirmó que hay dos casos documentados por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), pero fueron desechados por el Poder Judicial del Estado.
“Así, este grupo casiquil empezó con el pie derecho contando con total impunidad”, dijo.
En el 2014 atentaron contra la comunidad con una balacera, y seis personas resultaron con heridas de bala. “Están los certificados, pero la fiscalía archivó este asunto en el 2017, volviendo a dejar en la impunidad a Manuel Zepeda y a su hija Elisa Zepeda”, apuntó.
En cambio, dijo, cuando este grupo casiquil ha azotado la comunidad y la comunidad ha intentado defenderse, el Estado utilizó una “barrera de humo” para decir que estas 40 personas mataron, hicieron destrozos.
Hasta el día de hoy, aseguró que la FGEO no ha podido demostrar que hubo muertos el 14 de diciembre de 2014.
“Jurídicamente, científicamente no nos han podido demostrar. Por eso ya hay 25 liberaciones de las 40 personas que han sido acusadas.
“Es muy claro que es un Estado represor el que es capaz de desarticular a toda comunidad, para deshacer cualquier oposición a sus intereses económicos, porque Eloxochitlán es una comunidad donde hay agua, bosque, arena y grava”.
Para Argelia Betanzos, la fabricación de delitos contra las personas indígenas de Eloxochitlán de Flores Magón tuvo como objetivo desarticular a la comunidad, para permitir la extracción de la arena y grava de los ríos.
Foto: Mario Arturo Martínez
“Porque Manuel Zepeda desde el 2011 sigue con una política extractivista, porque se dedica a la extracción de la arena y grava de los ríos. Por eso persiguieron y encarcelaron a los defensores del territorio de la comunidad, para seguir consumiendo nuestros ríos con camiones de arena y grava, todos los años”.
Argelia Betanzos recordó que Manuel Zepeda es padre de la actual secretaria de la Mujer en el gobierno de Salomón Jara, Elisa Zepeda Lagunas; quien también ha sido diputada local. Ellos se dicen víctimas, apuntó, pero las verdaderas víctimas son las que han exigido justicia durante nueve años.
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