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Oaxaca de Juárez.- El 9 de septiembre de 2019, mientras se encontraba en su domicilio, María Elena Ríos Ortiz fue víctima de un ataque con ácido que pretendía acabar con su vida. Hoy, a cuatro años, la joven continúa buscando justicia mientras el proceso legal contra sus presuntos agresores apenas se encuentra en etapa intermedia.
En entrevista con EL UNIVERSAL, María Elena afirma que los últimos cuatro años de su vida, tras el ataque que fue tipificado como intento de feminicidio, la violencia en su contra no se ha detenido ni un instante, pues incluso con Juan Antonio Vera Carriza recluido en prisión preventiva, ella ha ha sufrido la constante revictimización del presunto responsable intelectual y su defensa legal.
Tras lo sucedido y luego de haber permanecido en largas estancias hospitalarias y en tratamientos costosos y prolongados, María Elena ha intentado retomar su vida desde el exilio del suelo oaxaqueño, pues tuvo que mudarse a la Ciudad de México, por seguridad.
Aunque su estancia en el hospital, tras el ataque, fue prolongada, la joven recuerda que poco después de ese día, en redes sociales comenzó una campaña de desprestigio en su contra, que buscaba invalidar su calidad de víctima. “Cuatro años revictimizándome y amenazándome a mí y a mi familia”, indicó.
Recientemente, María Elena informó que el proceso legal por el delito de tentativa de feminicidio, a cuatro años del ataque, había llegado a su etapa intermedia; no obstante, desde el 15 de agosto el avance volvió a detenerse y las audiencias no se han reanudado.
En ese camino, han sido múltiples los intentos de la defensa de Vera Carrizal por reclasificar el delito de tentativa de feminicidio a lesiones; además, el imputado ha intentado continuar el proceso en arraigo domiciliario. No obstante, por la gravedad del delito y el riesgo de fuga, los jueces han reiterado la prisión preventiva justificada, como una medida necesaria.
“Sé que esta es la etapa más difícil del proceso, porque es sabido que en muchos casos las defensas compran a los testigos”, lamenta.
María Elena admite temer por su seguridad y la de su familia. Y añade que en medio del proceso que se lleva por el primer caso de violencia ácida documentado en Oaxaca, son los medios de comunicación y las redes sociales a través de los que puede hacer visible su historia.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, en los últimos 12 años, suman en México 3 mil 354 víctimas de violencia ácida.
Anualmente, se registran hasta 270 casos.
Según el Congreso de la Unión en México, la violencia ácida se define como el ataque a la integridad de una persona mediante el uso de sustancias químicas, inflamables, tóxicas o líquidos que se encuentran a altas temperaturas, por lo que en las cifras federales se incluyen desde agresiones con thinner o gasolina, hasta intentos de asesinato con ácido como a al que sobrevivió María Elena.
“Si esto no fuera visible, ya nos hubieran quitado del camino”, sostiene la joven.
A la par de su proceso legal, María Elena ha pasado por diversos procesos estéticos y quirúrgicos, a fin de mejorar su funcionalidad y recobrar la apariencia que tenía antes de que el ácido quemara su piel.
En ese camino, apunta, ha recibido apoyo de diversos médicos que han sumado sus habilidades a tratamientos dolorosos y largos, en busca de mejorar el estado de la piel de la joven oaxaqueña.
En tanto, la saxofonista combina sus estudios en música con algunas conferencias en las que comparte su experiencia como víctima. La presencia de María Elena en las redes sociales ha sido un aliciente para que, en su calidad de activista, muchos casos de violencia contra las mujeres se den a conocer y sean atendidos por las autoridades.
Además de pedir constantemente justicia por las víctimas de la violencia ácida, María Elena utiliza sus redes sociales para exigir a las autoridades la aprehensión del quinto de los implicados en el ataque en su contra, Juan Antonio Vera Hernández, hijo del presunto autor intelectual del intento de feminicidio.
Hasta el momento, afirma, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a cargo de Bernardo Rodríguez Alamilla, el tercer fiscal que en cuatro años ha estado al frente del caso, no ha presentado informes a la víctima sobre el paradero del señalado.
Mientras espera la fecha para continuar con la etapa intermedia del proceso, María Elena pide a las autoridades que no pasen por alto las irregularidades en el proceso, para evitar la compra o intimidación de los testigos, entre éstos, trabajadores de la fiscalía oaxaqueña.
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