Diálogos Oaxaca
No obstante, el escándalo que ha generado el robo al encierro “Primavera”, en el municipio de Oaxaca de Juárez no dejan de registrarse actos de abuso de autoridad, donde el Secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil, Raúl Ávila Ibarra, se ve involucrado; ahora, un video de la corporación ha puesto al descubierto acto de tortura contra un detenido.
Los postulados del presidente Andrés Manuel López Obrador, no mentir, no robar y no traicionar; en el municipio de Oaxaca de Juárez, que presiden Francisco Martínez Neri, son letra muerta. Los hechos que se registran al interior dan muestra de la crisis por la que atraviesa la institución municipal.
Un video registrado el 29 de octubre del 2022, que circuló en redes sociales durante el fin de semana, expone a la vista de la opinión pública un nuevo caso de tortura y abuso de autoridad por parte de elementos de la policía municipal, hechos que se desconoce si fueron denunciados ante la autoridad.
De acuerdo con la denuncia que se hace, el video muestra a elementos de la policía municipal al mando del Secretario Raúl Ávila Ibarra, quienes al interior de la corporación someten de manera violenta a un detenido.
El abuso de autoridad, registrado con las cámaras de seguridad de la propia corporación con fecha 29 de octubre del año 2022, a las 15:47 horas, este no es un hecho aislado, pues muchas personas detenidas se han quejado del abuso por parte de policías de la ciudad de Oaxaca.
En diciembre de 2022 la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una recomendación general a los 570 municipios del estado, así como a autoridades estatales de seguridad, procuración y administración de justicia respecto a las repetidas violaciones que se cometen durante el aseguramiento y detención por parte de por elementos de las policías municipales.
La DDHPO advierte en la Recomendación General que se han iniciado averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, pero la mayoría no trascienden la responsabilidad en que, al menos por omisión, pudieran haber incurrido los servidores públicos encargados del resguardo de las personas.
En el citado documento se establece que durante los últimos siete años han registrado 19 muertes en cárceles municipales, como también, entre enero de 2020 y noviembre de 2022, se han registrado 538 quejas por violaciones a derechos humanos.
El organismo pide a la Secretaría de Seguridad Pública que, en coordinación, se capacite al personal policial de los municipios y sus agencias sobre derechos humanos, perspectiva de género, uso de la fuerza, y todas aquellas otras relacionadas con sus actividades, a fin de garantizar los derechos humanos de las personas detenidas.
FRANCISCO PADILLA
COORDINADOR DE INFORMACIÓN
pacopadilla67@hotmail.com
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