Más Información
Santiago Juxtlahuaca. – En una cocina donde se alimentan cuatro familias, Lucila Bautista se recuesta sobre el piso de tierra para ser inyectada contra el dolor. En los últimos días le ha dolido todo el cuerpo y no hay personal médico que le diagnostique su dolencia, pues para ello tendría que viajar más de cinco horas. Es por ello que su compañera y vecina Nalleli busca una pequeña caja desgastada de medicamento en el que apenas se distingue la fecha de caducidad y se dispone a aplicárselo.
“Teníamos unos medicamentos ahí guardados, los usamos cuando es muy necesario, nos los dieron hace como dos años, tenemos para lo básico, calentura, dolor y gripa”, dice mientras prepara la inyección.
Nalleli tuvo que aprender a vacunar y a identificar los activos de los medicamentos, al menos los necesarios para sobrevivir, al igual que otra decena de personas, la mayoría mujeres, porque es difícil salir de sus refugios cuando alguien se enferma. La otra opción es elegir la medicina tradicional. Ellas son parte de las 144 familias triquis que este diciembre cumplen tres años desde que huyeron de la violencia en Tierra Blanca Copala y que desde entonces son consideradas víctimas de desplazamiento forzado interno, ante la serie de violaciones a sus derechos que padecen.
Precisamente la falta de acceso a servicios de salud es una de las violaciones a los derechos humanos más graves que enfrentan las personas obligadas a abandonar sus hogares y algo que viven cientos de familias mexicanas víctimas de desplazamiento forzado interno, señala la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En el caso de familias de Tierra Blanca Copala, se cumplen tres años desde que fueron despojadas de sus casas, sus pertenencias, terrenos y una vida próspera en esta comunidad de la nación Triqui donde sus recuerdos se remontan a un espacio de fiesta y diálogo entre las familias y vecinos. Sin embargo, a finales del 2020 un grupo armado interrumpió en la población y tuvieron que huir de las balas. Desde entonces la violencia no para.
Angélica, junto a su esposo, tres hijos y su madre, vive en una casa de dos cuartos, sin servicios. Su hija de apenas cinco meses no toma leche materna, así que debe de comprarle fórmula además de pañales y otras necesidades, lo que obligó a su hija mayor q migrar a otro estado a trabajar.
Las familias que se refugian en Yosoyuxi Copala, manifiestan su cansancio, frustración y desesperación, pues la mayoría vive en casas prestadas o rentadas sin servicios básicos y sin espacio para cultivar sus alimentos. Muchas niñas y niños no acuden más a la escuela por falta de documentos y de dinero que los sostenga.
Aunque 144 familias fueron reconocidas como víctimas de desplazamiento forzado interno por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2022 y recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado mexicano medidas cautelares para ellas, los apoyos como medidas reparatorias han sido escasos por parte del gobierno de Oaxaca, que encabeza Salomón Jara.
Por ejemplo, las familias tienen que pagar 4 mil 40 pesos para recibir una despensa bimestral del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, en calidad de “dotaciones a personas con discapacidad o abandono”.
El desplazamiento forzado se define como una violación autónoma, múltiple y continúa a los derechos humanos, señala en entrevista con EL UNIVERSAL, Daniel Márquez, oficial de desplazamiento interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
“Autónoma porque el hecho de tener que desplazarse ya es una violación al derecho a la libre circulación y a la elección del lugar de residencia. Luego, es múltiple porque afecta a otros derechos: civiles, políticos, económicos, culturales, entre otros y continuará hasta que se halle una solución durable y estable, entonces se sostiene esa multiplicidad de causales por las cuales se violan los derechos”.
Este fenómeno genera una serie de afectaciones, como la que atraviesan las familias de Tierra Blanca Copala, San Juan Copala, San Miguel Copala, El Tlacuache, San Esteban Atatlahuca o San Miguel El Grande y de otros municipios de Oaxaca que han sido obligadas por la violencia a huir.
“Las afectaciones son diversas en la población, va desde la pérdida de documentos hasta la falta de acceso a salud, la imposibilidad de elegir el lugar de residencia, de proteger el patrimonio que dejaron abandonado, hay muchísimas afectaciones posibles a las personas desplazadas”, explica Daniel.
A nivel nacional, este 2023 suman más de 380 mil las personas en situación de desplazamiento forzado, estima la CMDDPDH.
Laura Alvarado, también oficial de desplazamiento interno de la Comisión, destaca que el desplazamiento forzado interno es algo que se registra de forma cotidiana en el estado y que Oaxaca permanentemente reporta la cantidad de personas y eventos que se dan cada año.
Sólo en 2023, por ejemplo, en Oaxaca al menos se tiene documentado dos comunidades que han sido desplazadas por violencia, despojo de tierras y asuntos agrarios: El Tlacuache, del municipio Zimatlán de Álvarez, en los Valles Centrales, donde cerca de 300 personas huyeron de sus casas. Este caso se suma al de San Miguel El Grande, en la región de la Mixteca, donde también más de 150 personas abandonaron su comunidad de nombre Lázaro Cárdenas, por conflicto de territorio y tala ilegal.
Mientras que a principios de año, Jesús Romero, titular de la Secretaría de Gobierno (Sego) confirmó a este medio que el gobierno priista les heredó 10 eventos de Desplazamiento Forzado Interno a la nueva administración morenista.
Tras el asesinato de 14 personas en la Mixteca de Oaxaca a causa de “conflictos agrarios”, uno de ellos el mismo que ocasionó que 150 personas huyan de su comunidad, Romero López dijo que existen como trasfondo otras actividades ilegales como el tráfico de armas, trasiego de drogas y tala clandestina, mismas que impiden avanzar con la solución de los conflictos en la región. En la entidad, 23 de estas pugnas se consideran como “focos rojos”.
“Lo tengo que decir, hay tráfico de armas, hay narcotráfico y hay talamontes involucrados que no permiten que de manera sana las comunidades puedan resolver sus conflictos”, informó el funcionario estatal.
En este contexto, Daniel Márquez, de la CMDPDH, especifica que tanto en Chiapas como Oaxaca, además de Guerrero, se concentrando los mayores números de personas indígenas desplazadas en el país, tanto en términos de episodios como en cantidad de personas. “En estos tres territorios vemos incidencias de autodefensas, de grupos de corte paramilitar y de fuerzas estatales”.
Explica que las tres entidades coinciden en que hay varios actores que se disputan el control del territorio, así como una alta y grave circulación de armas, que coadyuvan al escenario del desplazamiento. “La mayoría de las formas de violencia están asociadas con las armas de fuego”, detalla.
Ni Nalleli ni las otras mujeres triquis desplazadas saben si algún día volverán a sus hogares. Actualmente, aunque el gobierno federal ha ordenado que se retomen las mesas de trabajo entre organizaciones antagónicas para que se concrete el retorno de las 144 familias a Tierra Blanca Copala, en realidad la negociación está en punto muerto pues cada de deben reiniciar las mesas se desata la violencia en la región y ambos grupos políticos se acusan mutuamente e incluso uno de ellos se niega a participar.
Pese a lo anterior el gobierno de Oaxaca insiste en que la única vía de solución es el diálogo: que las víctimas negocien con sus violentadores para que estos los dejen retornar a su comunidad.
Síguenos
Copyright © Todos los derechos reservados | EL UNIVERSAL, Compañía Periodística Nacional. De no existir previa autorización, queda expresamente prohibida la Publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos
