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Oaxaca de Juárez. – Mientras México experimenta una crisis humanitaria por los miles de migrantes que atraviesan su territorio desde el Sur hasta el Norte, otras 380 mil personas más viven en situación de desplazamiento forzado interno; familias de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, principalmente, se desplazan al norte del país por la violencia generalizada en sus comunidades de origen, señala la Organización Internacional para las Migraciones (IOM por sus siglas en inglés), una agencia de las Naciones Unidas (ONU) que impulsa una migración humana y ordenada.
Se trata de una fenómeno que va en aumento pues de 2020 a la fecha la cifra de personas desplazados ha aumentado hasta las 380 mil personas, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), mismas que tienen que arrancarse de su hogar por la violencia, lo que evidencia la magnitud de una problemática social que México reconoció legalmente desde 2019 pero que pese a ello a cuatro años no ha atendido y para muestra esta la falta de cifras oficiales al respecto. En comparación, hasta hace tres años se estimaba que existían poco más 356 mil desplazados.
Sólo en Oaxaca, durante este 2023 se documentaron al menos dos episodios de desplazamiento masivo de personas por violencia: El Tlacuache, una comunidad que pertenece al municipio Zimatlán de Álvarez, en los Valles Centrales, cerca de 300 personas huyeron de sus casas. A ellas se suman las familias de San Miguel El Grande, en la región de la Mixteca, donde fueron obligadas más de 150 personas a huir de la comunidad de Lázaro Cárdenas luego que les quemaran sus casas, bienes, vehículos y su bosque.
En esta comunidad, apenas en el mes de noviembre fueron asesinadas cinco personas en una emboscada, con armas de alto calibre, y hasta el momento se mantiene cerrado el acceso principal al municipio, por lo que decenas de familias desplazadas se encuentran refugiadas en otras localidades e incluso fuera de Oaxaca. Em ambos casos las víctimas son personas indígenas.
De acuerdo a la CMDPDH, precisamente son Chiapas, Guerrero y Oaxaca los estados que reportan mayor número de personas indígenas desplazadas en el país, tanto en términos de episodios como en cantidad de personas. Sin embargo, también los estados del centro como Guanajuato o del norte como Zacatecas y Michoacán figuran por desplazamiento.
“Lo que nosotros vemos en general es que hay unas cifras altas y preocupantes de personas desplazadas año tras año en el país”, explica a EL UNIVERSAL Daniel Márquez, oficial de desplazamiento interno de la CMDPDH, quien considera que más de 380 mil personas en situación de desplazamiento forzado en México bastan para que se hable también de una crisis humanitaria al interior del país.
Datos de la Comisión señalan que entre enero y junio del 2023 se registraron 26 eventos de desplazamiento interno por violencia en México, mismos que ocurrieron en Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Zacatecas.
Como resultado de ello sólo en el primer semestre del 2023 hubo al menos a 7 mil 710 personas víctimas de este fenómeno y en promedio se registró un evento de desplazamiento por semana y 43 personas desplazadas al día, de acuerdo al registro de la Comisión.
“Estamos esperando regresar a nuestras casas, a nuestro pueblo”, expresa Angélica junto a otra decena de mujeres, hombres, infantes y personas de la tercera edad quienes fueron desplazadas desde hace tres años de Tierra Blanca Copala, una comunidad de la nación triqui de Oaxaca.
Todas ellas viven sin acceso a la salud, ni a la educación. Tampoco cuentan con tierras para cultivar su alimento y menos con una vivienda digna. Actualmente, donde se refugian, habitan más de dos familias en cada casa prestada.
Pablo Cabada, Asociado de Protección para Personas Desplazadas Internas de la Unidad de Protección de la Organización Internacional para las Migraciones, coincide sobre la existencia de una crisis por el desplazamiento interno, sobre todo por la sistemática violación de derechos humanos que implica.
“El Programa Nacional de Derechos Humanos habla de que el desplazamiento interno es una de las manifestaciones de la crisis de derechos humanos que se vive en México, entonces hay un reconocimiento ya desde el Estado de que hay una crisis y que el desplazamiento interno es una manifestación. Además, los argumentos de la Corte de Interamericana nos dicen que el desplazamiento interno es una violación continua de estos derechos”, expone.
El desplazamiento interno fue reconocido por el Estado mexicano apenas en 2019, cuando la Secretaría de Gobernación (Segob) informó sobre una iniciativa de ley para enfrentar el problema, la cual definiría “las responsabilidades del Estado en esta materia”. A cuatro años, dicha ley no ha avanzado en su aprobación y las condiciones de las personas víctimas del desplazamiento son casi inhumanas. Tampoco existen datos desagregados que ayuden a entender la violencia generalizada que atraviesa México y que origina este fenómeno.
La OIM coincide en el incremento de la movilidad de personas desplazadas, principalmente hacía el norte de México y expone que la violencia generalizada es la causa principal por la que las personas se desplazan, esto, tras una encuesta realizada en albergues de 12 ciudades de seis estados de la frontera norte de México.
Dicha encuesta arrojó que 91% de refugio consultados reportaron haber tenido que abandonar sus hogares debido a un contexto de violencia generalizada en sus comunidades de origen. Los resultados forman parte del estudio “Desplazamiento interno, migración y retorno en la frontera norte de México. Una perspectiva desde 12 ciudades”, realizada entre octubre y diciembre del 2022 y publicado este año.
Los hallazgos también indican que recientemente los estados del Sur como Oaxaca, Chiapas y Guerrero son de los que más personas se desplazan hacia el norte a causa de la violencia, los cuales se suman a Michoacán que sigue siendo el principal expulsor de estos flujos que van hacia el norte, indica Pablo Cabada.
El común denominador en los casos de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán quedó a la vista este año. En las cuatro entidades tanto autoridades como pobladores han reconocido que los episodios de desplazamiento se vinculan a otros fenómenos como la presencia del crimen organizado, que este 2023 obligó a decenas de familias de Chiapas a huir y que mantiene una serie de ataques en Michoacán y Guerrero.
Mientras que en Oaxaca el gobierno estatal reconoció, tras dos emboscadas que dejaron 14 personas asesinadas, presuntamente a causa de conflictos agrarios, que tras este tipo de pugnas se encuentran otros delitos como tráfico de armas, trasiego de drogas y tala clandestina.
“Se están viendo cada vez más personas mexicanas desplazadas que están llegando a la frontera del norte, debemos de nombrar y visibilizar este fenómeno; lo que hemos hecho es dar seguimiento a casos de principalmente en el norte de México, a petición de los gobiernos locales” agrega el asociado de Protección del OIM, agencia que también ha colaborado con la ACNUR y la Unicef en acciones que si bien no consisten en asistencia directa a las personas desplazadas, buscan fortalecer las capacidades del Estado mexicano.
“Es muy importante poner la mirada este problema porque nos dice mucho de los flujos de violencia que hay en el país; entender cuáles son las comunidades, los estados, las regiones económicas e incluso quiénes están sufriendo este fenómeno, pues nos habla de la violencia del crimen organizado, nos habla de sus estrategias, de la apropiación del territorio, pero también nos habla de la incapacidad en muchos sentidos de prevenir por parte de los estados, el hecho de que siempre tengamos comunidades que año con año reportan desplazamientos, habla de un de una incapacidad de hacer frente de manera eficiente este fenómeno”, expone Daniel Márquez.
Durante episodios de desplazamiento interno las personas buscan una estrategia de protección a su seguridad personal, a su bienestar y a su vida. Se diferencia de la migración en tanto esta representa una estrategia para buscar otras oportunidades económicas en otros espacios.
Laura Alvarado, oficial de desplazamiento interno de la CMDPDH, señala que aparte de reconocer que hay personas en situación de desplazamiento y que estos se siguen generando de día con día, el Estado debe garantizar que haya una adecuada respuesta a este fenómeno tanto en términos de la prevención como en atención y reparación, además de la búsqueda de soluciones durables.
“No sólo es visibilizar el fenómeno, es pasar también a exigir que haya más acciones concretas de parte del Estado de los distintos niveles de gobierno; es una afectación muy profunda al proyecto de vida de cualquier persona”.
Daniel Márquez añade que el desplazamiento significa un cambio de proyectos de vida individual, familiar, colectivo hasta llegar a una ruptura del tejido social de los pueblos indígenas, lo cual es muy difícil de reparar.
Las organizaciones esperan que con la aprobación de la Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno, cuando sea descongelada, se facilite la distribución de responsabilidades y la asignación de presupuesto, que apoye a avanzar o a mejorar las condiciones de las personas víctimas. En México actualmente sólo Chiapas, Guerrero y Sinaloa han aprobado leyes para la prevención y atención del desplazamiento interno.
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